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nueva ley hipotecaria

02-04-2019

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nueva ley hipotecaria
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El pasado 15 de marzo, La nueva ley hipotecaria fue publicada en el BOE y empezará a aplicarse a partir de junio.

El fin de esta norma es dar más transparencia y seguridad a bancos y clientes, obligando al sector financiero a aportar información sencilla sobre sus contratos y ofertas. Además, se incorporan algunas directrices europeas.

Con la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, Los bancos tendrán que pagar los gastos de notaría y registro.

Estos son los principales cambios que introduce la ley:

El banco paga los gastos de notaría y registro

Los bancos tendrán que asumir el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), las primeras copias del notario, así como los gastos de registro y la notaría, mientras que el cliente sólo pagará las segundas copias del notario y los gastos de tasación.

Comisiones

La nueva ley bajará a la mitad del coste de cancelar anticipadamente el préstamo para las hipotecas a tipo fijo. Estas comisiones serán del 2% durante los primeros 10 años y del 1,5% una vez se cumpla el decenio. Si la hipoteca es a tipo variable, el cliente será quien elija el tipo de amortización: a tres años (con comisión del 0,25%) o a cinco años (con un coste del 0,15%). La entidad no podrá cobras comisiones novación en el crédito y los clientes tendrán la posibilidad de subrogar su hipoteca sin coste.

Desahucios

Desaparecen las clausula suelo y amplía el margen para iniciar un desahucio en caso de impago. A partir de la entrada en vigor la nueva ley, las cuotas no pagadas ascienden a 12 o el equivalente al 3% del importe del préstamo en la primera mitad del crédito. En la segunda mitad de la hipoteca, el número de cuotas impagadas asciende a 15 o el 7% del préstamo.

Seguros

El cliente podrá contratar los seguros de hogar, vida o protección de crédito con quien estime conveniente. La nueva ley hipotecaria incluye también la obligación de ofrecer una ficha estandarizada para que el cliente compara las condiciones hipotecarias que le ofrece cada entidad y establece un plazo de diez días para que el usuario analice el contrato antes de firmarlo.


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