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El Congreso deroga el decreto ley sobre el alquiler

23-01-2019

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El Congreso deroga el decreto ley sobre el alquiler
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Poco más de un mes ha durado el Decreto Ley del Gobierno sobre la ley de alquiler. El 18 de diciembre de 2018 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los nuevos cambios legales en materia de alquiler. Sin embargo, este 22 de enero el Pleno del Congreso ha derogado el decreto ley que aprobó el Gobierno en diciembre sobre la regulación del alquiler.

Uno de los puntos más destacados del decreto Ley era el cambio en la duración de los contratos que pasaba de los tres años a los cinco. En el caso de que el casero fuera una sociedad el nuevo límite se establecía en siete años. La derogación del decreto supone el fin de todos los cambios impulsados por el Gobierno, por tanto la duración mínima de los contratos vuelve a ser de tres años. Asimismo, la prórroga tácita de tres años vuelve a ser de un solo año.

Otro de los cambios había sido la fijación de un máximo de fianza y se establecía que los gastos de gestión inmobiliaria y la formalización del contrato recayeran en el arrendador en caso de tratarse de una persona jurídica.

Así quedan los puntos clave del Decreto Ley 

  • Como el decreto Ley no se ha convalidado se volverá al régimen jurídico anterior. De esta manera, el máximo de años por contrato seguirá siendo de tres años en estos casos.
  • El arrendador podrá exigir la fianza que quiera para alquilar la vivienda, el decreto ley lo limitaba a dos meses. De esta manera, los dueños de los pisos podrán seguir pidiendo avales o depósitos bancarios además de la fianza. 
  • El propietario y la empresa intermediaria de alquiler podrán volver a pactar la cuantía de los honorarios de la empresa y la responsabilidad del pago de los honorarios.
  • La regulación de los pisos turísticos y el trámite de los desahucios volverán también a la situación anterior. De esta manera, en el caso de los desahucios seguirán sin contemplarse situaciones vulnerables. En el caso de los pisos turísticos, la regulación seguirá en manos de los ayuntamientos.

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